¿Apocalipsis zombi o renovación política?

Una parte importante de los guatemaltecos continúa manifestando su descontento contra los hechos de corrupción que, al ser revelados, confirman cómo se amalgaman políticos y funcionarios con empresarios y criminales, en torno a la utilización de las cosas públicas para su beneficio particular.

Frente a esta realidad, el gobierno actual es solamente un zombi necio que no quiere irse a la tumba aunque día a día, con cada investigación que sale a la luz pública, apesta más. Por otro lado, los partidos políticos dominantes y la gran mayoría de los pequeños, están haciendo muy poco o nada por apartarse del socialmente ya inaceptable modelo de hacer política para conseguir financistas y empujar causas particulares. También ellos caminan la senda para convertirse, tarde o temprano, en los zombis que rechazará toda la sociedad.

En este contexto, la ciudadanía ―y quienes ostentan el poder―debe advertir que, si a pesar del descontento todo continúa igual, nos encaminaremos a un cataclismo político, ese apocalipsis zombi del que será difícil salir democráticamente. Si, por otro lado, se empujan cambios ordenados, para una renovación política, entonces se abrirán oportunidades para sacar el mejor provecho social.

La agenda de renovación política debería contener como mínimo y, tomando en cuenta las diferentes expresiones sociales, ocho puntos que resuelvan los principales problemas que hoy enfrenta la Nación. Primero, luchar contra la impunidad y la corrupción, pública y privada, apoyando los esfuerzos del Ministerio Público y la Cicig. Asimismo, velar porque el sistema de justicia juzgue, con imparcialidad y prontamente, a los implicados en estos casos. Segundo, reordenar la administración pública para hacerla efectiva y transparente, al tiempo en que se cierran los espacios de opacidad y corrupción actuales. Modernizar el servicio civil, así como los entes de planificación, compras, ejecución y contraloría interna, para generar pesos y contrapesos que eviten la corrupción y el despilfarro. Tercero, cambiar el modelo actual de financiamiento y rendición de cuentas de los partidos, y aumentar la equidad interna. Los partidos deben competer por los electores y recursos, por medio de ofertas programáticas e ideológicas evaluables públicamente.

Cuarto, veda total a la explotación minera y de recursos naturales, hasta aprobar una nueva legislación que ponga en primer lugar el derecho a decidir de las personas y comunidades, y que evite que el Estado sea el socio tonto. Quinto, aprobación de una ley de desarrollo rural basada en la garantía del bienestar, por medio del acceso a la tierra, la tecnología y los bienes públicos. Sexto, una nueva regulación sobre la producción y distribución eléctrica, la telefonía y las frecuencias de radiodifusión. Séptimo, reformas a la educación, la salud y la seguridad social, basadas en la universalidad, la calidad y la pertinencia.

Y, octavo, un pacto fiscal que posibilite concretar lo dispuesto en los puntos anteriores. Este pacto debe abarcar tanto el gasto (calidad, efectividad, suficiencia y transparencia), como los ingresos (progresividad y administración tributaria), y el manejo de la deuda (mejores condiciones y sostenibilidad).

Los primeros llamados a aprovechar esta oportunidad histórica son los ciudadanos. Si la presión social se mantiene y si se cuenta con una agenda de mínimos consensuada, las fuerzas obscuras y conservadoras del país terminarán por comprender que no habrá luna de miel con el simple cambio de autoridades.

Una versión de esta columna de opinión ha sido publicada, el viernes 7 de agosto, en la revista Contrapoder.