Del conflicto agrario al desarrollo rural
(CIUDAD DE GUATEMALA, 24NOV22). Las pocas notas de prensa que han sido publicadas sobre la militarización que el gobierno está llevando a cabo en la Sierra de las Minas hacen recordar las escenas de la guerra civil guatemalteca en aquella zona del país, tan apetitosa para la codicia sin límites de los terratenientes que permanentemente intentan imponer a los dueños ancestrales de estas tierras el veneno de su capitalismo extractivista.
Decenas de radiopatrullas y cientos de policías, que deberían estar luchando contra el robo, la extorsión y el crimen que padecen los ciudadanos en todo el país, han sido destinados a reprimir a campesinos, pescadores y artesanos que libran una batalla desigual, como la de David contra Goliat, para defender su territorio. Esta vez, en el contexto de la dictadura del más fuerte y pícaro que se está imponiendo en Guatemala, las comunidades no cuentan ni con la Procuraduría de Derechos Humanos ni mucho menos con medidas que un sistema de justicia verdaderamente justo debería imponer para su protección.
De hecho, algunas de las familias de origen maya poqomchi residentes en las comunidades militarizadas en esta nueva ola de represión —Washington y Dos Fuentes— cuentan, desde octubre de 2020, con medidas cautelares de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al considera que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos, entre ellos el derecho a la vida y la integridad personal, al comprobarse que han sido amenazados, intimidados y agredidos en medio de un conflicto de tierras cuya propiedad ancestral reclaman. Esta resolución de la CIDH obliga al Estado y al gobierno de Guatemala a adoptar medidas para proteger a las personas. Pero ¿qué significa la ley para el corrupto y para el autoritario? Nuevamente el actual gobierno de Guatemala muestra lo útil que es, para los dueños de mineras, hidroeléctricas, productores de palma africana, cañeros y narcotraficantes, tener un mayordomo administrando el poder y la fuerza pública.
La represión intenta desarticular la fuerte organización social que han constituido las valientes familias de la Sierra de las Minas, para dar paso a la expropiación total de sus tierras y de sus derechos. En los últimos diez años, sobre esta zona, la familia del representante de la élite rancia y corruptora del poder público de Guatemala y expresidente Oscar Berger construyó un ingenio, el Chabil Utzaj, con este inició la amargura para la comunidad Q´eqchi. A esto han seguido procesos penales contra los líderes comunitarios y un hostigamiento permanente en el que ya se registran posibles muertes extrajudiciales, como la del campesino Antonio Beb Ac, en 2011.
El problema agrario es una fuente de conflicto en aumento en Guatemala, porque el modelo económico imperante —el que hace más ricos a los pocos ricos y más pobres a los millones de pobres— basa su éxito en la explotación a gran escala de los recursos naturales y la producción agrícola extensiva. Es un modelo que no piensa ni en el mañana ni en las personas. Es un modelo peligroso para todos (también para los que hoy lucran con él), porque alienta una espiral de violencia que oxida cualquier base mínima de gobernabilidad democrática futura.
Resolver el conflicto agrario requiere de un Estado y un poder público que operen bajo otros lineamientos: buscando la justicia, el respeto a todos los derechos y el desarrollo rural. Es vital pensar, diseñar, debatir y poner en marcha un proceso de desarrollo rural que incluya inversiones públicas para elevar el bienestar social, una mejor distribución de la riqueza y el fomento de actividades económicas rurales sostenibles. Obviamente, no se puede hablar de desarrollo rural sin poner sobre la mesa la necesidad de una reforma agraria que reivindique los derechos ancestrales, modernice la producción agropecuaria, establezca reglas para el uso comercial del agua, ponga un alto a la minería y garantice las consultas vinculantes con las comunidades y consiga la seguridad y soberanía alimentaria del país. Un tema tan necesario de tratar como complejo y urgente.
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Una versión de esta columna de opinión ha sido publicada por La Hora en su edición del jueves 24NOV22.
Imagen tomada de La Hora.
Jonathan Menkos Zeissig 