(CIUDAD DE GUATEMALA, 29DIC2022). Este 29 de diciembre se cumplen 26 años de la firma de los Acuerdos de Paz, Firme y Duradera. Cada uno de los 12 acuerdos que conforman este proceso político ―al que se sumó el Pacto Fiscal para un Futuro de Paz y Desarrollo en el 2000―, impulsaba una agenda de transformaciones económicas, políticas y sociales que, de concretarse, permitiría eliminar las causas estructurales que llevaron a la peor violencia del Estado contra la población, el genocidio, y a la guerra entre hermanos y sentaría las bases para avanzar hacia una sociedad más próspera, justa, segura y democrática.
La guerra sufrida por las y los guatemaltecos, entre 1960 y 1996, fue alimentada por la discriminación racial y territorial; la exclusión de las grandes mayorías del acceso a bienes y servicios que garantizaran su bienestar mental, físico y material; la incapacidad del modelo económico para generar suficientes empleos con salarios capaces de evitar la pobreza de las familias trabajadoras; el diseño y funcionamiento corrupto de las instituciones públicas orientadas a proteger los intereses económicos de unos pocos y a enriquecer a una clase política codiciosa y autoritaria.
Infortunadamente, el incumplimiento de los objetivos establecidos en los Acuerdos de Paz ha hecho que los problemas económicos, políticos y sociales que estos buscaban resolver, continúen presentes y, en algunos casos, incluso se hayan agudizado. El 1% de los guatemaltecos más ricos posee casi el 30% de toda la riqueza del país; aproximadamente el 10% de la población más rica se queda anualmente con cerca del 52% del ingreso nacional; mientras 6.3 millones de trabajadores tiene un ingreso promedio mensual insuficiente para adquirir la Canasta Básica de Alimentos. No es de extrañar que 4.6 millones de personas estén sufriendo permanentemente de hambre. Asimismo, menos del 20% de los trabajadores tienen garantizada la seguridad social; casi 2 millones de niñas, niños y adolescentes están fuera de la escuela y una de cada dos niñas y niños menores de cinco años padece desnutrición; jóvenes sin oportunidades de empleo, capacitación y educación formal caminan a diario para escapar del lamentable destino que les depara esta nación, mientras cada vez hay más ancianos en las calles pidiendo limosna. Por otro lado, las instituciones que encarrilan la gobernabilidad democrática, como el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría de Derechos Humanos y el Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, se encuentran asociadas por una alianza criminal de corte autoritario.
Ante esta realidad, muchos ciudadanos ven con enojo y frustración lo que han hecho los gobiernos y sus aliados en estos pasados 26 años: una buena parte del tiempo y de los recursos fueron desperdiciados cuando no robados. La nación se ha continuado construyendo sobre la base de un poder público administrado para garantizar el privilegio de unos pocos. Sin embargo, ahora que estado recorriendo Guatemala, apoyando el trabajo de afiliación del Movimiento Semilla, he observado muchas personas, más de las que uno puede intuir, trabajando con entusiasmo pensando en el futuro: cada vez somos más los insatisfechos dispuestos a construir una alternativa democrática y plural que logre trazar un nuevo rumbo para Guatemala.
Hoy se necesita impulsar una agenda y una estrategia que permita alcanzar, por la vía electoral, el poder público y construir así una Guatemala sobre los cimientos más sólidos posibles para cualquier nación: la justicia, la reciprocidad, la igualdad, la empatía y un rol más protagónico, transparente y responsable del poder público. Hace muchos años (1893), Piotr Kropotkin en su libro La conquista del pan, proclamaba el derecho al bienestar de todos, a buscarse el pan de manera digna, sin barreras ni discriminaciones. Ahora ese bienestar no llega casi a nadie y solo se podrá lograr cambiar la situación con un nuevo pacto social y fiscal, una renovación de los Acuerdos de Paz, con el fin de darle el sustrato material —nuevas obligaciones repartidas equitativamente para materializar nuevas garantías— a nuestras intenciones de protección social, educación, salud, trabajo, seguridad, justicia e identidad. Para que, respetando nuestras diferencias individuales, podamos ser iguales en las posibilidades de bienestar y progreso. Como bien diría este pensador: «ricos por lo que poseemos, ya; aún más ricos por lo que podemos conseguir con las herramientas actuales; infinitamente más ricos por lo que pudiéramos obtener de nuestro sueldo, de nuestra ciencia y de nuestra habilidad técnica, si se aplicaran en procurar el bien a todos».
Recordemos entonces, en este día, que la paz es duradera cuando permite la ausencia de miedos y desconfianzas en todos y cada uno de los ciudadanos de la nación. Por ello es imprescindible, por medio de la acción política, lograr que todas las niñas, niños y adolescentes vayan a la escuela; que nadie padezca hambre y desamparo; acabar con todas las formas de discriminación en especial aquellas relacionadas con el género y el origen étnico; aumentar las inversiones sociales y económicas que fomentan la igualdad, la innovación, la cooperación, el empleo con salarios dignos, la competitividad sistémica y el cuidado del ambiente natural; y cerrar los caminos a la corrupción y al abuso de poder.
Es posible construir una Guatemala mejor para cada uno de sus habitantes, sí, totalmente, pero se requiere de muchísimo trabajo y de un pueblo dispuesto a poner un hasta aquí a la codicia infinita de las facciones rancias de la élite y sus políticos corruptos. Toca tomar el poder público para garantizar que se use para el bien común, el bienestar, la justicia y la democracia, elementos indispensables para la paz.