Jonathan Menkos

+ democracia + desarrollo + igualdad

Se debe suspender la minería en Guatemala

La explotación de recursos naturales es una de las fuentes de mayor conflictividad y polarización, en especial la minería. Basta ver, por un lado, las campañas mediáticas que en los últimos años han llevado a cabo empresas mineras y los discursos que en su favor pronuncian representantes de cámaras empresariales y de gobiernos de turno. En contraste, las protestas ciudadanas en los lugares de explotación son una advertencia sobre la ingobernabilidad generada por esta actividad.

Entre tanta declaración, a favor y en contra de la minería, se dejan de lado los datos concretos sobre la actividad minera. He aquí una pequeña revisión de sus principales estadísticas, clasificada en tres dimensiones.  Primero, la dimensión social y política. La minería no se genera al margen de los habitantes y de sus tradiciones y creencias, y tampoco está por encima del marco legal que garantiza a los ciudadanos el derecho a decidir sobre la utilización de los recursos naturales. En 2010, de los 100 municipios que contaban con licencias mineras, se reportaban conflictos sociales en 77. Las principales fuentes de conflicto estaban relacionadas con el deterioro ambiental (agua y deforestación) y con la percepción de que las instituciones públicas relacionadas con recursos naturales son ilegítimas para mediar ante los conflictos, pues se perciben como promotoras de su explotación y opacas en la difusión de información.

La segunda dimensión, la económica, parece ser el área de mayores mitos al momento de hablar sobre minería. Pocas personas saben que la actividad minera representó, entre 2010 y 2015, tan solo el 0.7% de la producción total de bienes y servicios de Guatemala. Los empleos generados por toda la minería al final de 2015, según datos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, sumaron 4,919. Asimismo, la minería es un sector independiente que está desvinculado del resto de la economía, así es que las empresas llegan, explotan los recursos y se van. La mejor forma de trasladar algo de su actividad a la economía es por medio del pago de impuestos. Sin embargo, entre 2010 y 2015, el pago de impuestos y regalías fue cercano a los 53 millones de dólares anuales, lo que sirvió para financiar tan sólo el 0.7% del presupuesto de gastos del gobierno central guatemalteco. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en Chile y Colombia, por cada dólar de utilidades de la actividad minera, el Estado recibe cerca de 36 centavos. En Bolivia este indicador aumenta a 58 centavos, mientras en Guatemala es de 12.2 centavos. En todo caso, no se trata solamente de cobrarles más impuestos, pues en Perú se elevó el pago de regalías mineras sobre la producción, de entre 1 y 3%, a entre 1 y 12%, lo que aumentó significativamente los recursos del Estado, pero no disminuyó la conflictividad social. Eso sí, se acentuó el perverso papel de los gobiernos como promotores y no reguladores de esta actividad.

Finalmente, en la dimensión institucional, el marco legal vigente para la regulación de esta actividad no está en sintonía con las complejidades de la minería. Por ejemplo, no está bien regulado el proceso de cierre de las minas: las mineras no están obligadas a elaborar un plan de clausura ni de asumir los costos de implementación de dicho plan. Se estima que, de acuerdo a la vida de los proyectos mineros actuales, en los próximos años (entre 2023 y 2038) el costo de reclamación promedio por mina puede oscilar entre el 0.02 y el 0.21% del PIB; montos que resultan superiores a lo que los aportes tributarios totales de la minería recaudados entre 2009 y 2015.

Ante todo lo anterior, el Estado de Guatemala debe establecer una suspensión en el otorgamiento de cualquier tipo de licencia minera e iniciar un proceso de consulta, diálogo y consenso nacional en el que, con base en información objetiva, se acuerde si las industrias extractivas deben formar parte, o no, del modelo de desarrollo del país.


Una versión de esta columna de opinión fue publicada por Prensa Libre en su edición del martes 11 de julio de 2017.

Imagen tomada de: http://acoguate.blogspot.com/2010/03/huehuetecos-declaran-su-territorio.html.

Si desea saber más sobre la minería, le recomiendo leer:

  1. La minería en Guatemala: realidades y desafíos frente a la democracia y el desarrollo (Ibis/Icefi, 2014)
  2. EITI: ¿una iniciativa suficiente para la transparencia fiscal de las industrias extractivas en Guatemala? (Ibis/Icefi, 2016).
  3. Implicaciones fiscales del cierre de minas en Guatemala (Ibis/Icefi, 2016).
  4. Platiquemos sobre la minería en Guatemala (documento mediado). (Ibis/Icefi, 2015).
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Esta entrada fue publicada en 12 julio, 2017 por en Democracia, Desarrollo, Sin categoría y etiquetada con , , , , , , , .

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