Guatemala: austeridad fiscal como sistema de gobierno
(CIUDAD DE GUATEMALA, 19AGO2018). La forma en que se financia un Estado y el monto de los recursos con los que este cuenta para llevar adelante (o no) los quehaceres encomendados en la Constitución de la República, son un reflejo de los imaginarios económicos y políticos de quienes ostentan el poder. En ese sentido, en los últimos 30 años, el discurso dominante ha estado propugnando por la reducción de la política fiscal. En particular, se ha logrado implantar la idea de que los Estados deben ser austeros. Sin embargo, esta restricción está teniendo consecuencias que afectan negativamente a la mayoría.
En el libro «El Estado. Pasado, presente, futuro», de Bob Jessop —estudioso del Estado y catedrático de sociología en la Universidad de Lancaster—, el autor señala tres formas para estudiar la austeridad.
Primero, cita las políticas de austeridad coyunturales, que se introducen como medidas de respuesta frente a problemas de corto plazo, en los que no hay más alternativa que reducir el gasto. Cuando la coyuntura vuelve a ser favorable, estas políticas se eliminan.
En segundo término, menciona las políticas de austeridad perdurable, las que supuestamente se fomentan para dar respuesta a una crisis “crónica”, real o inventada, en el ámbito económico y fiscal. El objetivo de esta política de austeridad perdurable, lleva consigo una reorganización más duradera de fuerzas a favor del capital (ciertas élites económicas) que se ven beneficiadas con la medida, en detrimento de acciones para salvaguardar a las personas y a la economía en general.
Finalmente, describe el sistema de gobierno de austeridad, el cual es producto de una reorganización institucional y continuada de las relaciones entre lo económico y lo político. Este sistema puede ser resultado acumulativo de políticas de austeridad perdurable, que van agravando las crisis económicas y fiscales, obligando a nuevas y mayores reducciones. Puede ser parte de una estrategia premeditada por quienes se benefician de subordinar la administración de lo público al apetito del mercado. Para quienes propugnan por un gobierno de austeridad, siempre es momento de reducir el gasto público, evitar el pago de impuestos o privatizar funciones o servicios que la cada vez más mermada administración pública es incapaz de ejecutar exitosamente.
El sistema de gobierno de austeridad no solamente tiene efectos cuantitativos, de corto plazo, en el gasto público, también induce cambios cualitativos y estructurales al provocar que áreas cada vez más grandes de la vida social terminen supeditadas a la lógica del mercado y de la acumulación. La reestructuración y reorientación del gasto público convierte los derechos de las personas y colectivos en privilegios a los que solamente se accede si se tiene dinero en el bolsillo: La mercantilización de la vida diaria.
En un sistema de gobierno de austeridad, se fomenta la disminución de la capacidad de lo público y se promueve la mercantilización de los derechos (salud, educación, seguridad, por ejemplo); con ello se facilita la infiltración empresarial —manos privadas tomando decisiones públicas— que abre el camino para la corrupción generalizada de lo público. Además, se disminuyen las posibilidades de empleo y se fomenta la idea de que solo el que trabaja tiene derecho al bienestar. Los salarios y los puestos de trabajo disminuyen al tiempo en que las utilidades y la desigualdad social aumentan. Se promueven valores que avalan la estratificación social y una competitividad sádica, en contraposición a la solidaridad y la igualdad.
Guatemala tiene un sistema de gobierno de austeridad. Sus vastas raíces han crecido y se han multiplicado desde la colonia hasta la actualidad. Cambiar este modelo de sociedad requiere reformas profundas que deben comenzar reivindicando el papel protagónico de la administración pública —y de la política fiscal— en la vida democrática del país. También implica blindar lo público de intereses particulares; construir mecanismos de probidad y rendición de cuentas sobre lo gastado y lo recaudado, así como una nueva arquitectura tributaria pensada para la equidad horizontal (a igual ingreso, igual impuesto) y vertical (a más ingreso, más impuesto). No es tarea fácil, pero es lo que toca hacer.
Una versión de esta columna de opinión fue publicada por Prensa Libre en su edición del martes 21AGO2018.
Imagen tomada de Alternativas Económicas.
Jonathan Menkos Zeissig 