Jonathan Menkos Zeissig

+ democracia + desarrollo + igualdad

La deuda nacional nos va a oprimir

(CIUDAD DE GUATEMALA, 10DIC20). Cada año, desde 1948, el 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos, recordando el momento en que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, documento trascendental para la vida moderna, pues puntualiza los derechos inalienables de todas las personas y que son la base para una vida en libertad, dignidad, igualdad y fraternidad.

En Centroamérica, esta celebración siempre ha ido acompañada de la necesidad de fomentar una conciencia social sobre cómo se puede avanzar para proteger, promover y respetar los derechos humanos. Sin embargo, este año es mucho más particular en el istmo, por dos razones. Primero, la crisis económica y social de 2020 ha exacerbado los problemas estructurales que mantienen a amplios grupos de población lejos del disfrute de sus derechos: más hambre y pobreza, más dificultades para acceder a la salud, la educación o el empleo, y una insuficiente asistencia y protección social.

En segundo lugar, porque la mayoría de Estados centroamericanos están a las puertas de la insostenibilidad fiscal. En 2020, en medio de una reducción de los ingresos públicos y del aumento de necesidades de gasto para intentar atender la crisis, los gobiernos contrajeron un monto importante de deuda pública. De acuerdo con estimaciones del Icefi, la deuda

En todo caso, siguiendo los estándares del Fondo Monetario Internacional para el análisis de la vulnerabilidad y los indicadores de sostenibilidad de la deuda pública, el Icefi ha determinado que el saldo de la deuda pública respecto del PIB, representará un riesgo de moderado a alto para la estabilidad económica de los países de la región, especialmente para El Salvador y Costa Rica.  Asimismo,  la relación de la deuda con respecto a la recaudación tributaria anticipa que, sin mejoras tributarias en el corto plazo, los Estados centroamericanos enfrentarán problemas de liquidez para hacer sostenible la deuda en el mediano y largo plazo.

A partir de esta pesada realidad, no se trata de dar respuestas facilonas, de moda, como imponer reglas fiscales para limitar la capacidad de gasto de la administración pública o sostener que los Estados pueden utilizar algún extrafinancimiento de la tarjeta de crédito pública, sin advertir las consecuencias que en el corto y mediano plazo tendrá para la sociedad las decisiones que se tomen ahora. De algo se puede estar seguro en Centroamérica si la política fiscal retorna a la normalidad: los acreedores no son los que sufrirán por la mala gestión de la deuda pública, serán las personas comunes y corrientes que verán limitado su acceso a bienes y servicios públicos cuyo financiamiento será disminuido para poner en primer lugar el pago de la deuda pública y también serán las personas comunes las que paguen un aumento de los impuestos al consumo, que son los que se suelen aumentar por su rápida posibilidad de recaudación, como el impuesto al Valor Agregado.

«La deuda nacional nos va a oprimir» son las palabras que empleó Simón Bolívar, el 14 de junio de 1823,  en una carta dirigida al vicepresidente de la entonces República de Colombia, Francisco de Paula, haciendo referencia a la onerosa deuda contraída con los tramposos bancos ingleses: «[…] Cualquiera que sea el partido que se tome con esta deuda, es horrible: si la reconocemos dejamos de existir y si no… será el oprobio de esta nación».[1]

Bolívar anticipándose a las teorías del desarrollo, tenía muy clara la trampa de la deuda, pues comprendía que con elevadas proporciones de deuda sobre el PIB, los países se ven sometidos a la influencia de los acreedores internacionales y, como en la actualidad, para honrar sus acuerdos los países se ven obligados a limitar una gestión autónoma del gasto público. La obligación de pagar deuda pública, manteniendo los términos iniciales aún en momentos de crisis,  reduce las posibilidades de practicar una política contracíclica, lo que hace más agudo el déficit social y la debilita más la legitimidad de las instituciones públicas.

Los Estados pueden tomar caminos que le permitan evitar la trampa de la deuda. En su primer informe[2] ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el pasado 26 de octubre, la Experta independiente sobre deuda y derechos humanos, Yuefen Li, destacó que «ningún país en desarrollo tiene la capacidad de avanzar con una inminente crisis de deuda mientras está enfrentando múltiples crisis de salud, economía, alimentación y protección social durante esta pandemia». Asimismo, destacó que: «medidas como moratorias temporales de deuda, financiamiento de emergencia, reestructuración y cancelación de deuda, entre otras, deben formar parte de una caja de herramientas disponibles para los Estados, las instituciones internacionales y el sector privado, de tal forma que se pueda enfrentar problemas de deuda rápidamente. El objetivo debe ser liberar espacio fiscal para invertir en las necesidades urgentes de la población».[3]

Los primeros pasos que los Estados de Centroamérica deben dar para liberarse de la trampa de la deuda son:

 1) un mayor esfuerzo por disminuir la evasión de impuestos que se note en una mejora significativa de la recaudación y, cambios en los impuestos directos que aumenten su peso en la estructura tributaria y doten de mayor progresividad al sistema tributario;

2) una auditoría profunda que permita evaluar las condiciones (favorables o desfavorables) en que se ha adquirido deuda y los resultados de esta en el desarrollo: no es lo mismo endeudarse para rescatar un banco privado que para hacer escuelas o centros de salud.

3) evaluar desconocer endeudamientos que hayan sido contraídos de manera anómala con el aval del o los acreedores.

4) Estudiar y proponer a los organismos multilaterales una moratoria en el pago de la deuda y una reestructuración con el objetivo de disminuir significativamente el saldo de la deuda, lograr un plazo más amplios y una baja de la tasa de interés, poniendo como garantía adicional una hoja de ruta para la mejora objetiva de las instituciones democráticas y de transparencia y rendición de cuentas y bajo la propuesta de una senda fiscal sostenible de mediano y largo plazo que fortalezca el crecimiento económico, el cumplimiento de los derechos de las personas y de la agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.

5) Estudiar y proponer un mecanismo de reestructuración de la deuda contraída con acreedores nacionales con el fin citado en el punto anterior, pero tomando en cuenta los efectos en la economía que tendría esta reestructuración.

6) Fomentar a nivel internacional la discusión de un mecanismo globalmente aceptado para la reestructuración de la deuda pública, un tema que se ha puesto sobre la mesa en varias ocasiones, entre 1971 y 2014, y que es urgente.

Finalmente, 7) estudiar otros formatos para convenir la contratación de deuda en mejores condiciones para los Estados, como Bonos ajustados al crecimiento económico, una forma más justa de compartir con los acreedores el riesgo, y una idea muy elaborada por el nobel de economía, Joseph Stiglitz y otros prestigiosos economistas.

Si los Estados de Centroamérica no actúan con urgencia y madurez, entonces la deuda pública nos va a oprimir.


[1] Citado en Toussaint, Éric (2018). Sistema Deuda. Historia de las deudas soberanas y de su repudio.

[2] Este informe se encuentra disponible en: https://undocs.org/es/A/75/164

[3] Véase en: https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26419&LangID=S

Imagen tomada de Menteplus.com

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Esta entrada fue publicada en 14 diciembre, 2020 por en Desarrollo, Sin categoría y etiquetada con , , , .

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