La minería en Guatemala, más allá de los mitos
La explotación de recursos naturales, en especial la minería, es en la actualidad una de las fuentes de mayor conflictividad y polarización. Basta ver, por un lado, las campañas mediáticas de las empresas mineras, y por otro, las protestas ciudadanas en los lugares de explotación. En todo caso, entre tanta polarización, muchos de los argumentos utilizados tienen un carácter más de mito que de realidad.
En todo caso, hay tres dimensiones a desmitificar frente a la minería en Guatemala. Primero, la dimensión humana. La minería no se genera al margen de los habitantes y de sus tradiciones y creencias. La minería no está por encima del marco legal, nacional e internacional, que garantiza a los ciudadanos el derecho a decidir sobre la utilización de los recursos naturales de su entorno, y a participar en la concepción del desarrollo y las formas de alcanzarlo.
La segunda dimensión es el ámbito político. Aquí destaca la conflictividad social y la percepción sobre el rol del Estado. En 2010, de los 100 municipios que contaban con licencias mineras, se reportaban conflictos en 77. En contraste, solamente se registraron conflictos en 23 de los 230 municipios sin licencias mineras, con una conflictividad significativamente más baja.
Según los habitantes de las comunidades, las principales fuentes de conflicto en los municipios con licencias mineras, están relacionadas con el deterioro ambiental (agua y deforestación) y con la percepción de que las instituciones públicas relacionadas con recursos naturales son ilegítimas para mediar en conflictos, pues se perciben como promotoras de su explotación, así como opacas en la difusión de información. Resulta interesante advertir que los mismos habitantes reconocen en las consultas previas, libres e informadas, un espacio legítimo y efectivo para dirimir los conflictos, rescatando que en ellas se puede aceptar o no la actividad minera.
La tercera dimensión, la económica, parece ser la zona de mayores mitos. Pocas personas saben que la actividad de minas y canteras representaba en 2011, el 2.8% de la producción total de bienes y servicios de Guatemala, mientras en 2013, el sector disminuyó su participación a tan solo el 1.9%. A su vez, poco se sabe sobre los costos ―económicos y ambientales―. Lo fiscal tampoco ha escapado al mito, pero la realidad es que la carga tributaria del sector minas y canteras, fue en 2012 de 5.7% de su producción, equivalentes a Q483.1 millones. Estos recursos representaron para el Estado guatemalteco apenas el 0.3% de sus ingresos fiscales.
Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en países como Chile y Colombia, por cada dólar de utilidades de la actividad minera, el Estado recibe cerca de 36 centavos. En Bolivia este indicador aumenta a cerca de 58 centavos, mientras en Honduras y Guatemala es de entre 10 y 12.2, respectivamente.
Finalmente, la necesaria discusión social sobre explotar minerales preciosos, obliga a poner a la política fiscal en un segundo plano, superada por la necesidad primaria de garantizar los derechos de las personas. Por lo tanto, no se trata de pagar más impuestos, y el Perú es el mejor ejemplo de que los cambios que permitieron elevar el pago de regalías de tramos originales, de entre 1 y 3%, a tramos de 1 a 12% sobre la producción, aumentaron ostensiblemente los recursos del Estado, pero no disminuyeron la conflictividad social. Por el contrario, acentuaron el perverso papel de los gobiernos como promotores y no reguladores de esta actividad.
¿Podrá la sociedad reflexionar, más allá de los mitos, sobre lo que implica la actividad minera para Guatemala? Toca dejar claro que la discusión es urgente, pues hoy solo vemos la punta del iceberg, mientras siguen su trámite 601 nuevas licencias mineras, en un Estado que, a juicio de muchos ciudadanos, ha perdido la capacidad de arbitrar los conflictos y de privilegiar el interés colectivo frente al particular.
Columna publicada en la revista Contrapoder, en su edición del 21MAR2014
Jonathan Menkos Zeissig 