Jonathan Menkos

+ democracia + desarrollo + igualdad

De la competitividad corrosiva a la institucional

Desde finales de los años setenta hasta la actualidad, la visión sobre la competitividad de la economía guatemalteca que se ha logrado imponer―en las normas legales, en las discusiones políticas y económicas, y en la práctica―ha estado ligada al argumento básico de que si el Estado permite que las empresas, principalmente aquellas que exportan, no paguen impuestos, estas se instalarán y mantendrán y, con ello, aumentará el número de empleos y mejorará la economía.

Llevamos casi cuarenta años con este mito y sus resultados ―en empleo formal, fomento de inversiones privadas, aumento de exportaciones y mejora del bienestar social―, son imperceptibles para la ciudadanía o para el empresario que produce para la venta local.

Al Estado tampoco le ha beneficiado, pues esta competitividad corrosiva, cuya presión recae en la menguada política fiscal del país, ha provocado el debilitamiento de la legitimidad y del poder de la administración pública para la ejecución de sus funciones básicas. Es notorio el poco financiamiento, la baja cobertura y  la mala calidad de casi todos los servicios públicos. Por su parte, la creación de privilegios fiscales (deducciones, exenciones y créditos fiscales, entre otros), se ha convertido en un camino llano para la elusión y evasión de impuestos.

Evidentemente, no todos perdemos en este modelo, pues algunos sectores económicos, con intereses fuera de Guatemala, sí se han beneficiado. Sin embargo, aún estos sectores, amparados en los regímenes de maquilas y zonas francas, que exportaron en 2013 cerca de 3,700 millones de dólares (cerca de 28,860 millones de quetzales), podrían aumentar sus ganancias con una competitividad más equilibrada.

Debemos estar conscientes que el país debe mejorar su capacidad de insertarse en la economía mundial, pero debe ser mediante una competitividad institucional que mantenga equilibrios de corto, mediano y largo plazos, en los ámbitos político, económico y cultural. Para esto se requieren incentivos correctos en cuatro elementos particulares: mercado laboral y cultura económica, educación,  protección social y política económica.

En cuanto a la educación, se trata no solo de universalizarla sino de fomentar el sentido crítico, la búsqueda de respuestas innovadoras frente a los problemas, y de incentivar el trabajo en equipo, la empatía y la cohesión. En el ámbito de la protección social, garantizar, por medio de la calidad, que los bienes públicos no sean un premio de consolación para los hogares que no pueden pagar servicios privados. Imponer altos estándares en los servicios de salud, educación y seguridad, así como universalizar la seguridad social, aumentan el bienestar colectivo y la certidumbre económica, al tiempo que mejora el capital humano, atrae inversiones privadas y legitima al Estado frente a sus contribuyentes.

En el caso del mercado y la cultura económica, la cuestión estriba en la planificación de ciertos sectores que generen mayor valor agregado y una mejor incursión de la economía regional y mundial. También tiene que ver con la visión del estado de bienestar como un espacio en el que se producen bienes y servicios públicos de calidad y empleos formales, que dinamizan el mercado interno y garantizan el crecimiento económico, incluso en medio de recesiones mundiales. La cultura económica, implica que trabajadores y empresarios, están conscientes de sus derechos y responsabilidades frente a la sociedad.

Finalmente, en el caso de la política económica, subsidios focalizados y evaluables para ciertas inversiones, carga tributaria progresiva (quién tiene más, paga más), transparencia fiscal, mayor flexibilidad en el  tipo de cambio y un salario mínimo que garantice el bienestar de todos los trabajadores, son elementos que deben estar en la discusión.

Seguro, es más difícil poner en práctica esta competitividad institucional que continuar mintiéndonos con la idea de que si algunos no pagan impuestos todos somos competitivos. En todo caso, volvemos a la añeja discusión de requerir un plan social para el desarrollo que nos comprometa y nos aliente a pensar que Guatemala tiene un mejor futuro que el que podemos prever en la actualidad.


Columna publicada en la revista Contrapoder en su edición del 07MAR2014.

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Esta entrada fue publicada en 7 marzo, 2014 por en Democracia, Desarrollo y etiquetada con , , , , .

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