Para atraer a los mejores y alejar a las mafias
La discusión sobre los salarios de los empleados públicos ha tomado relevancia después de la publicación de datos desde el Organismo Legislativo. Han aparecido salarios estratosféricos e inesperados para el rol que las personas desempeñan en este Organismo, evidenciando así cómo los intereses particulares han generado plazas y establecido salarios a su sabor y antojo.
¿Sabía usted que, según estadísticas oficiales de 2014, el salario promedio de los empleados públicos rondaba los Q3,557? La cifra está muy lejos del costo de la Canasta Básica Vital de aquel momento (Q5,827.55). Pero era mejor que la paga de empleados en el sector comercial (Q2,457), manufacturero (Q2,181) y agrícola (Q1,198). ¿Sabía usted, además, que la administración pública constituye la cuarta actividad que más empleo genera en el país con un 9.2% sobre el total de la población ocupada, detrás de la agricultura (31.9%), el comercio (26.8%) y la industria (14.8%)?
El servicio civil en cualquier Estado representa los músculos que dan vida a las políticas públicas, principalmente aquellas relacionadas con la protección jurídica y social de los ciudadanos como la educación, la salud, la seguridad y la justicia, contribuyendo con ello a la gobernabilidad democrática. Asimismo, los cerca de 4% del PIB pagados a los empleados públicos tienen un efecto positivo sobre la economía del país al convertirse en consumo de hogares distribuido a lo largo y ancho del territorio.
En el contexto actual, la sociedad puede aprovechar esta impronta de transparencia en el Legislativo para exigir transparencia en los otros dos órganos del Estado, así como para comenzar a empujar la discusión sobre un servicio civil efectivo para el logro de objetivos de desarrollo.
Dado los salarios tan bajos en el sector privado, con reglas claras y transparentes es fácil para la Administración Pública atraer a los mejores. Ahora bien, para poder concretar las mejoras al servicio civil guatemalteco se deben considerar cuatro acciones iniciales. Primero, una gestión del talento humano que atraiga, retenga y promueva a los mejores, iniciando con postulaciones abiertas y concursos de oposición; requisitos duros para acceder a puestos (escolaridad y especialización) y escalas salariales en función de experiencia, responsabilidades y competencias; poner en marcha un sistema de evaluaciones periódicas del desempeño vinculantes para el empleo y la capacitación.
Segundo, garantizar un servicio civil ajeno a los vaivenes políticos partidistas que añaden discrecionalidad a las contrataciones y a la remuneración. Toda contratación debe cumplir con el proceso de evaluación de competencias, inclusive la de asesores y personal de confianza. Disminuir al máximo los contratos 029, 022 y otros, con los que además se incurre en la simulación de contratos civiles en detrimento del derecho laboral.
Tercero, profesionalización constante, especialmente de los directores de las instituciones, segmento técnico sobre los que recae el diseño, la planificación y la ejecución de las políticas públicas. Estos trabajadores con programas universitarios de capacitación ad hoc se deben convertir en la historia de la institución y en el apoyo técnico de aquellos que ocupen los cargos políticos de dirección.
Cuarto, contar con una gestión moderna de las compensaciones, que comprende una política que ajuste los salarios en función del poder adquisitivo, de los logros profesionales de los trabajadores y de los ingresos del Estado. Modernizar los Pactos Colectivos para que estos garanticen empleos bien remunerados (no excesos como la heredad de la plaza o seguros privados de salud) y trabajadores competentes.
Lo anterior requiere de cambios institucionales, tanto legales y de organizaciones como de cultura. Si queremos empleados públicos intachables, debemos estar dispuestos a dotarlos de independencia político partidista, insumos suficientes y un salario decoroso, así como de mecanismos de control y evaluación que permitan salir de los menos aptos.
La discusión sobre el servicio civil es compleja y obligatoria en el contexto actual al ser un tema de democracia y control del poder, así como de política económica y de fiscalidad.
Una versión de esta columna de opinión ha sido publicada en la revista Contrapoder, en su edición del viernes 29 de enero.
Jonathan Menkos Zeissig 