Historia guatemalteca de la infamia
Vano terminó siendo el esfuerzo de don Eugenio López, de 75 años de sobrevivencia, quien fue asesinado por reclamar su derecho pagado a la seguridad social. Un montón de perdigones se le apelmazaron en el pecho el pasado viernes 23 de junio, mientras manifestaba en la entrada a la finca San Gregorio Piedra Parada. Un disparo salió de adentro de la finca y su cuerpo de abuelo cayó al suelo antes de que cayera el sol de ese día.
Resulta ser que cuando don Eugenio y otros trabajadores de esta finca fueron a tramitar su jubilación al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), les dijeron que su patrono no había trasladado las cuotas correspondientes. A cerca de 200 ex trabajadores de esta finca, localizada en Coatepeque, Quetzaltenango, les descontaron de sus magros sueldos, durante 25 años, la cuota laboral para aportar al IGSS, pero esta nunca llegó a pagarse.
En octubre de 2015, se publicó en Prensa Libre una nota que reportaba que ―de acuerdo a datos del IGSS― 271 patronos del sector municipal, 9,845 del sector privado y 89 entidades descentralizadas, han dejado de pagar las cuotas patronal y laboral. Cualquier trabajador puede denunciar a su patrono cuando este no traslada las cuotas. Lo puede hacer ante la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) o en el propio IGSS. En el artículo 272 del Código Penal se tipifica el delito de apropiación y retención indebidas. Cualquier patrón que se quede con las cuotas laborales comete este delito que tiene una sanción de seis meses hasta cuatro años de prisión y una multa de cien a tres mil quetzales.
En el acta número 14-2016 de las sesiones extraordinarias de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, del 12 de julio de 2016, se recoge una reunión sostenida por los diputados de dicha comisión para tratar sobre los ex trabajadores de la finca San Gregorio. En la misma participaron representantes de la PDH, del Mintrab, del IGSS, de los ex trabajadores y de los dueños de la finca. En síntesis, el Mintrab señaló que el IGSS no había actuado como es debido, pues debió presentar las denuncias penales. El presidente de la Comisión, diputado Ronald Arango, cerró el acta recomendando al IGSS trabajar conforme a derecho y con conciencia hacia los trabajadores a quienes, en su momento, les fue descontada la cuota correspondiente. ¿Qué hicieron las instituciones encargadas de dar seguimiento a la denuncia de los ex trabajadores de esta finca? ¿Qué están haciendo ahora mismo?
Veo una foto en la noticia sobre la muerte de don Eugenio: sus botas de hule enlodadas, su pantalón negruzco gastado de tanta injusticia, pobreza y discriminación. Noto en su mano, huesuda y agrietada por el tiempo y el azadón, manchas de una sangre roja que se sumará a tanta sangre derramada en este país. Don Eugenio, con sus 75 años a cuestas, quizá sin saber leer ni escribir, con el estómago cotidianamente vacío, murió pensando que en este país se puede hacer justicia.
Sin embargo, cada vez es más difícil imaginar que Guatemala llegue a ser una sociedad en paz: acá un muerto, allá en Petén militares desalojando comunidades pobres; en Santa Rosa, la policía abusando de su fuerza con la población que manifiesta contra la minería. Las niñas calcinadas. Mientras tanto, los que ganan con esta miseria colectiva le pagan a lobistas en Estados Unidos, y otros presionan por pagar menos impuestos y salarios más bajos. ¡Cuántas infamias están permitidas en el país de la impunidad!
Una versión de esta columna de opinión fue publicada por Prensa Libre en su edición del martes 27 de junio de 2017.
Imagen tomada de: http://www.prensacomunitaria.org.
Jonathan Menkos Zeissig 
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