Honduras: Fraude, represión y silencio internacional
En 2009, el golpe de Estado contra el entonces presidente Manuel Zelaya (Parido Liberal), fue un paso más en el proceso de destrucción de la débil institucionalidad hondureña. El ejército fue protagonista de este rompimiento institucional. Un segundo golpe se asestó en diciembre de 2012: Mientras Porfirio Lobo presidía el organismo ejecutivo y Juan Orlando Hernández ocupaba el puesto de presidente del Congreso (ambos provenientes del Partido Nacional), cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional fueron destituidos ilegalmente por el Congreso. Se les tildó de estar cerca del narcotráfico, pero nunca se hicieron cargos formales en su contra. El día de la votación, fuerzas militares se apostaron cerca de la sede del organismo legislativo.
Un tercer golpe de Estado se fraguó en abril de 2015, cuando la Sala de lo Constitucional, con los miembros más afines a quienes ostentan el poder, resolvió declarar inconstitucional el artículo pétreo número 239 de la Carta Magna en el que se prohíbe la reelección presidencial. El fallo fue el resultado de recursos de inconstitucionalidad presentados entre otros por 16 diputados oficialistas.
En los últimos años, el presupuesto público para la policía y el ejército se ha ido incrementando de manera rápida y desproporcionada con respecto a los recursos destinados a la salud y educación. Otro elemento interesante ha sido la compra de voluntades que Hernández ha promovido: los medios de comunicación pagan sus impuestos publicando propaganda del gobierno, por ejemplo. Asimismo, los programas de asistencia social clientelares, mantienen al presidente “regalando” dinero y demagogia a los ciudadanos (más del 2% del PIB), mientras se consolidan relaciones económicas público-privadas —élite económica y narcotráfico—que prostituyen la función del Estado. Una versión neoliberal de modelo de captura del Estado por intereses políticos y económicos que desgraciadamente ya se instaló en Nicaragua.
Con este contexto, es fácil advertir cómo Honduras llegó este 26 de noviembre a un proceso electoral cuestionado y desprovisto de garantías para una elección limpia. Aun así, los ciudadanos decidieron votar para intentar sacar del poder a un grupo de crimen organizado que hoy convoca a empresarios, medios de comunicación y políticos. Como hay tanto en juego, tanto Hernández como su camarilla, han decido romper una vez más las reglas de juego. El Tribunal Supremo Electoral se ha prestado a opacar el conteo de votos generando una mayor tensión social. El ejército ha salido a reprimir a aquellos hondureños que reclaman por lo sucio del proceso electoral, sumando ya algunas muertes. El gobierno ha decretado un toque de queda, para evitar que el pueblo salga a las calles desde las seis de la tarde hasta las seis de la mañana. Ante esto, los hondureños con cacerolazos nocturnos y multitudinarias manifestaciones exigen algo simple: que se cuenten de manera transparente todas las actas de esta elección.
El gobierno hondureño ha violado casi todos los artículos de la Carta Democrática Interamericana, pero no hemos escuchado a la Organización de Estados Americanos(*) pronunciarse de manera enfática contra este atropello, ni ha habido reuniones urgentes de los cancilleres de América Latina o de los organismos de integración centroamericana. Su silencio suena a complicidad. Solo la misión de la Unión Europea ha recomendado que todos los votos sean contados con transparencia. La democracia de Honduras está en vilo. Si triunfan los golpistas, la técnica seguirá avanzando en Centroamérica.
Una versión de esta columna de opinión fue publicada por Prensa Libre en su edición del martes 5 de diciembre.
(*) Después del envío de esta columna a Prensa Libre, la OEA hizo público el Informe preliminar de la misión de observación electoral de la OEA en Honduras (14 páginas). En dicho informe se hacen notar las diversas irregularidades del proceso electoral: reelección presidencial, la integración de la autoridad electoral, el financiamiento político electoral, otros relacionados con el día de las elecciones, entre otros. El informe, entre sus conclusiones destaca que «El estrecho margen de los resultados, así como las irregularidades, errores y problemas sistémicos que han rodeado esta elección no permiten a la Misión tener certeza sobre los resultados». Asimismo, considera que el único camino posible para que los hondureños acepten los resultados requiere, entre otras medidas, «La verificación de las 5,174 actas del TSE que no fueron transmitidas la noche de la elección, realizando un recuento de votos de las actas que presenten inconsistencias.»
Por su parte, las fuerzas especiales de la policía nacional comunicaron a la sociedad hondureña «su malestar ante el Gobierno por la presente crisis», reconociendo que «nuestro pueblo es soberano y a ellos nos debemos, por lo tanto, no podemos estar confrontando y reprimiendo sus Derechos».
Jonathan Menkos Zeissig 