Caravana de migrantes
Esta semana llegó la «Caravana de migrantes» a la Ciudad de México, marcha que, con el apoyo del grupo Pueblo Sin Fronteras, intenta por quinto año visibilizar el drama que conduce a una migración ilegal hacia Norteamérica. Los participantes —entre 1,000 y 1,500 según noticieros internacionales— iniciaron su viaje en Tapachula el pasado 25 de marzo, y en su mayoría provienen de Guatemala, El Salvador y Honduras, Estados en los que se concentra el 80% de los pobres y el 85% de los pobres extremos de toda Centroamérica; con tasas de homicidios por cada 100,000 habitantes que en 2017 fueron de 32 para Guatemala, 42.7 para Honduras y 60 para El Salvador.
Los participantes en la caravana exigen su derecho a un trabajo digno y a ser tratados como refugiados al verse obligados a migrar de sociedades violentas y excluyentes. No desean privilegios fiscales, solo quieren utilizar sus fuerzas y conocimientos para garantizar el bienestar de sus familias. También reclaman el fin de la corrupción e impunidad en sus naciones, y acabar con la violencia contra las mujeres y con el reclutamiento de adolescentes y jóvenes por las maras. Al gobierno de Estados Unidos le piden que terminar con los abusos y la represión contra los inmigrantes y que cesen las deportaciones que destruyen familias y sueños.
Sin embargo, el rumbo de la política de migración estadounidense parece tener como objetivo un trato más duro hacia los migrantes ilegales. En la última década el presupuesto de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos se ha casi duplicado. En 2017 alcanzó los USD3,805.2 millones, equivalentes a 12 veces el presupuesto destinado a la cooperación que este país envía hacia las tres naciones del norte centroamericano. Con esto la Patrulla Fronteriza mantuvo 16,605 agentes concentrados en la frontera sur de los Estados Unidos, es decir, el 85% del total de agentes que laboran en esta institución. En 2017 fueron detenidas 71,145 personas provenientes de Guatemala, El Salvador y Honduras, por cruzar la frontera de forma ilegal. Lo más preocupante es que de este total, 31,754 fueron menores migrantes no acompañados. Aunque este número es inferior a los 51,705 menores que fueron detenidos durante 2014, la cifra sigue siendo apremiante y da muestra de la difícil situación que se vive en estos países centroamericanos.
Por otra parte, la intención de construir un muro fronterizo, el anuncio de terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador —con lo que 200,000 salvadoreños enfrentan la posibilidad de deportación—, y el discurso del presidente Trump obligan a pensar que la posibilidad de solución por medio de una reforma migratoria es poco probable.
En todo caso, la «Caravana de migrantes» debe ayudar a todos los Estados involucrados a reflexionar sobre las condiciones que generan la migración y el trato que reciben los migrantes en su intento de buscar una vida digna. Estados Unidos debe comprender que el muro y el cierre de fronteras serán políticas costosas e inefectivas para ellos y que, a su vez, aumentarán los riesgos y los costos para los propios migrantes, pero no los hará desistir.
Sería más barato y efectivo apoyar esfuerzos para que Guatemala, Honduras y El Salvador avancen en la implementación de agendas concretas de nación para cumplir metas —como los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030— que eleven el bienestar social y consigan un sólido e inclusivo crecimiento económico, al tiempo en que se mejora la efectividad en la gestión de la Administración Pública. Desde este lado, los empresarios, los trabajadores y los ciudadanos de estos países deben tomar conciencia que sin reformas profundas y democratizadoras en lo económico, lo fiscal y lo político es imposible pensar en sociedades exitosas y competitivas, y tampoco en disminuir la migración forzada.
Una versión de esta columna de opinión fue publicada por Prensa Libre en su edición del martes 10ABR2018.
Imagen tomada de: ElPaís.cr.
Jonathan Menkos Zeissig 