Guatemala: cerca de un autogolpe
(CIUDAD DE GUATEMALA, 02SEP18, con actualización del 05SEP2018). El viernes pasado, Jimmy Morales y su camarilla demostraron la intención de regresar al oscuro pasado: despliegue militar por las calles de la Ciudad de Guatemala, asedio a la sede de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), y una conferencia de prensa, rodeado de militares y policías, en la que anunció la decisión de no ampliar el mandato de dicha Comisión, suscribiendo el discurso de los corruptos sobre una “persecución judicial selectiva” y la corrupción de las instituciones de justicia.
Las acciones y esta perorata de Morales recuerdan la estrategia que los grupos de poder en Honduras —narcotraficantes, políticos y empresarios corruptos— han llevado adelante para poner y mantener en el gobierno al actual jefe de Estado, Juan Orlando Hernández, violando artículos de la Constitución; comprando medios de comunicación y lanzando campañas fundamentalistas en su favor; haciendo cruzadas de lobby en Washington, mientras minan el trabajo de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih); prostituyendo a la policía y aumentando recursos al ejército para comprar la lealtad de algunos generales. El plan también ha incluido amedrentar jueces y magistrados e, incluso, aumentar la violencia y el terror para imponer un orden represivo militar y, finalmente, garantizar su continuidad política mediante elecciones fraudulentas.
Muchos de los fenómenos anteriores están pasando en Guatemala. Si ese es el mismo plan solo nos falta ver cómo Morales y sus aliados, intentan capturar o sumar mayoría, por medio de alguna argucia legal, en la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral y la Procuraduría de los Derechos Humanos. Una vez consumada la captura de estas instituciones, el siguiente paso podría ser anunciar que el cercano proceso electoral seguirá su curso. Ya ha anticipado Morales: “nuestro gobierno quiere elecciones libres”, así como alguna vez dijo “ni corrupto, ni ladrón”. ¿Quién le cree?
Morales no está solo en esta campaña pro impunidad, ni son sus antejuicios los que más pesan. Hay otros agradecidos con su intento de poner bajo la alfombra toda la pestilencia de la corrupción antigua y presente: destaco entre otros, el presidente del Congreso, Alvaro Arzú, y los diputados que durante toda la legislatura han revelado descaradamente ser los mayordomos del pacto de corruptos (Linares Beltranena, Luis Hernández Azmitia, Felipe Alejos, Javier Hernández y Estuardo Galdamez, entre otros); los miembros del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) que tienen el poder para que esta organización, ante la crisis política, solo exprese ser respetuosa de las decisiones del presidente, y en particular la Cámara de la Industria que, a lo largo de los últimos dos años ha estado creando un ambiente social contrario a la Corte de Constitucionalidad, y que en esta crisis política, han respaldado al presidente.
Morales y sus cómplices están caminando por un piso muy frágil, que se mueve y agita con cada paso que dan. Están temerosos de perder ese poder heredado de la trampa, de los privilegios y de violar y hacer leyes a su medida. Un autogolpe gradual podría ser parte de sus insensatas herramientas. Sin embargo, en el contexto actual esta medida no les durará mucho.
En el contexto internacional, jugará en su contra una comunidad internacional que ha apoyado a Guatemala en el proceso de democratización y que tiene valor para llamar la atención sobre el camino hacia la destrucción lleva Guatemala con el gobierno de Morales. El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, ha expresado que el comisionado Iván Velásquez, continuará al frente de la Cicig, desde Estados Unidos, en un claro respaldo al comisionado y en sintonía con el acuerdo que da vida a esta comisión.
Es probable que Estados Unidos tampoco quiera tener otro frente abierto tan cercano: en Honduras ya hay una cleptodictadura instaurada y una sociedad luchando para su salida; mientras, en Nicaragua, Ortega y Murillo hacen uso de la violencia, como último recurso para subsistir ante un pueblo infatigable en su esfuerzo por la democracia. La política exterior no pasa por su mejor momento, pero podría ser que la lucha contra la corrupción sea un no negociable en la medida en que esta es interpretada como un problema para la seguridad nacional al afectar la contención de la migración y el narcotráfico.
En el contexto nacional, la intentona de los corruptos solo conseguirá unir las fuerzas sociales dispersas actualmente y acelerar el inevitable acuerdo para un Estado democrático: trabajadores, indígenas, campesinos, estudiantes y empresarios. En el ejército y la policía, como en el gran empresariado (menos de 2,000 empresas), también hay hartazgo y división. Los pequeños y medianos empresarios son un factor vital para el descalabro de los mafiosos. Hay en el país 780,000 Mypimes, que generan el 80% del empleo, sin ningún privilegio fiscal ni trato preferente, supeditados a los antojos de la élite rancia. Les toca ocupar un lugar de liderazgo en el sector empresarial que ha quedado vacío ante la complicidad e ilegitimidad del Cacif.
Finalmente, de poco servirá a los corruptos sus intentos de atraer a la comunidad religiosa. El Concejo Ecuménico Cristiano de Guatemala ha enviado un mensaje contundente: “reprobamos que se utilice discursos polarizantes como justificación para defender la impunidad y la corrupción o como excusa para evadir responsabilidades frente a la justicia”.
No es un contexto fácil de comprender, pero se puede resumir así: Estamos en un momento crucial, Guatemala se la quedan los corruptos o la ganan los demócratas. ¿De qué lado está usted? No podemos ser indiferentes.
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Una versión de esta columna de opinión ha sido publicada por Prensa Libre en su edición del martes 04SEP2018.
Imagen tomada de elPeriódico Guatemala.
Jonathan Menkos Zeissig 
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