(CIUDAD DE GUATEMALA, 28ABR21). De acuerdo con el Índice de Mejores Trabajos, elaborado anualmente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Guatemala es el país de América Latina con las peores condiciones para los trabajadores. El Índice, basado en cuánto empleo está registrado en la seguridad social y cuántos trabajadores reciben ingresos suficientes para superar la pobreza. Desde su primera medición, en 2010, con excepción de 2012, Guatemala siempre ha ocupado la última posición.
La precarización de los trabajadores guatemaltecos —caracterizada por la carencia de contratos de trabajo, la reducción de sus ingresos reales y el incremento de la inseguridad económica ante la incertidumbre de la flexibilización laboral y la carencia de suficientes puestos de trabajo— constituye uno de los más graves atentados contra las personas, la democracia y el desarrollo.
La Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos menos antigua, realizada en 2019 (antes del impacto de las decisiones del actual gobierno y su camarilla, el COVID-19 y los huracanes Eta e Iota), revelaba que la población ocupada sumaba 7.3 millones de personas y el 63.8% laboraba en la informalidad. El ingreso medio mensual del ochenta por ciento de los trabajadores más pobres, oscilaba entre los Q407.0 y Q2,857.0 mensuales, representando a penas entre el 4.91 y el 34.5% del costo total de la Canasta Ampliada (CA), en diciembre 2019, cuando ascendía a Q8,277.33 mensuales para una familia tipo de 4.77 miembros. Estos montos de ingreso revelan el irrespeto al salario mínimo mensual que, en 2021, el presidente Giammattei decidió mantener sin cambios, y que ronda los Q11.16 por hora, muy lejos de los 15.0 dólares por hora pagados en 20 estados de los Estados Unidos.
La precarización de los trabajadores hace que millones de guatemaltecos, aproximadamente 10.2 millones, se acuesten y se levanten con el estómago vacío y sin perspectivas optimistas sobre el futuro de la nación. A nivel social y económico, la precarización de los trabajadores es muy peligrosa pues fomenta un círculo vicioso alimentado por la pobreza y la desigualdad, el trabajo infantil, la migración forzada de personas en edad de trabajar y una baja demanda de productos y servicios nacionales, lo que disminuye la inversión, el empleo y los ingresos públicos, entre otros fenómenos.
Llegamos hasta aquí, a esta asfixia de los trabajadores, debido a dos ingredientes básicos en la receta neoliberal: administradores del poder público empeñados en debilitar el poder público y una elite (depredadora) que maximiza sus ganancias a costa de negar a millones de trabajadores y familias la oportunidad de mejorar su suerte actual y tener un mejor futuro.
Esta receta no solo amenaza los derechos de los trabajadores, sino que no genera empleos ni bienestar, a pesar de que los que profesan la religión del mercado, repitan su dogmática idea del «derrame». Por ello, se requiere reformar el mercado laboral, para garantizar los derechos laborales y evitar a toda costa la precarización de los trabajadores, mediante cinco acciones estructurales.
1) Aplicación de una renta básica universal destinada a mitigar la pobreza extrema e impulsar en todo el territorio la demanda de bienes y servicios y, consecuentemente, de empleo. Esta medida, además, permitiría eliminar los actuales programas de asistencia social politizados y burocratizados.
2) Puesta en marcha de un programa de universalización del acceso a la seguridad social —que incluya jubilación, acceso a salud y seguro de desempleo—, al que acceda el trabajador de micro, pequeñas y medianas empresas, por medio de su número de identificación tributaria y con la responsabilidad de reportar una planilla mensual de facturas de consumo. Esto disminuirá el costo de formalización del trabajo al tiempo en que ayudará a luchar contra la evasión de impuestos y fomentará, de manera sostenida, el consumo en negocios debidamente inscritos ante la autoridad tributaria.
3) Lograr que toda la población en edad de trabajar tenga acceso a programas de capacitación y apoyos para su educación formal. Toca hacer del Intecap una institución sin trabas, económicas o de distancia, para la población.
4) Impulsar programas públicos y universalistas de cuidado, tales como hogares comunitarios, centros de bienestar de la primera infancia y la tercera edad, entre otros, que garanticen socialmente este derecho, reformando la actual y casi exclusiva responsabilidad familiar que, muchas veces, recae en las mujeres, y que provoca desigualdad en la garantía del derecho y barreras en la posibilidad de acceso al trabajo remunerado. Esta medida también generaría empleos relacionados con la educación, salud y cultura.
5) Constituir un fondo para la innovación económica y la transformación productiva, basado en una estrategia económica centrada en lograr el pleno empleo, la erradicación del hambre, mayor productividad y sostenibilidad ambiental. Este programa debe apoyar la investigación para mejoras en los ámbitos ambiental, agrícola, industrial y de servicios; y la ejecución de proyectos de infraestructura que constituyan la base para un desarrollo sostenido, sostenible e inclusivo: caminos rurales y carreteras secundarias, programas de riego para pequeños y medianos productores, silos, sistemas efectivos de correo y telecomunicaciones.
Será necesario determinar las fuentes de financiamiento más oportunas y justas para estas acciones, pero sí que es posible construir un mercado de trabajo que garantice el bienestar de los trabajadores y sus familias. Es bueno tenerlo presente y exigirlo en este Día del Trabajo.
Una versión de esta columna de opinión ha sido publicada por el vespertino La Hora, en su edición del jueves 29 de abril.
Imagen tomada de Transdoc.
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Considero que este documento debe ser tomado en cuenta en toda política pública. La propuesta que tiene conyeba a un cambio estructural, que es lo que necesita Guatema. Tambien es necesario que esta información llegue a los trabajadores de forma mediada para que se den cuenta de su realidad.
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