Jonathan Menkos Zeissig

+ democracia + desarrollo + igualdad

Principios y directrices de Derechos Humanos en la Política Fiscal

(CIUDAD DE GUATEMALA, 20MAY21). Entre el lunes 17 y el viernes 21 de mayo diversas organizaciones celebraron una semana dedicada a la Justicia Fiscal y los Derechos Humanos. El jueves 20, fue el turno para hablar sobre Centroamérica y su política fiscal. A continuación comparto las palabras expresadas en este encuentro. Si desea ver el evento completo, está disponible en el Facebook de Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal @dhypolfiscal.

Buenos días a todas las personas que nos acompañan en este cuarto día de una semana muy intensa dedicada a la Justicia Fiscal y los Derechos Humanos y en la que estamos presentando los Principios y directrices de Derechos Humanos en la Política Fiscal.

Quiero comenzar agradeciendo al Comité Impulsor de estos principios y a todas las personas y organizaciones que han trabajado arduamente para lograr este ejercicio de acercar los principios de derechos humanos con los principios y fundamentos de la política fiscal. Agradezco también la oportunidad que me han dado de sumarme al Comité de Expertos y Expertas. Y me agrada mucho estar hoy compartiendo la reflexión con mi colega, Lourdes Molina, con el padre Tojeira y con Fernando Rodríguez, personas con las que compartimos el afán por una Centroamérica más justa y democrática.

Los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal son un aporte de América Latina para el mundo, en particular en un contexto en el que mitigar las crisis, recientes y estructurales, requiere poner el bienestar de las personas y de la naturaleza no en el centro de los discursos sino en el centro de las acciones, lo que conlleva redefinir la política fiscal. Todos los derechos están relacionados con responsabilidades, dentro de las que se incluye la existencia de recursos materiales, humanos y, muy importante, financieros, para su cumplimiento.

En Icefi coincidimos en afirmar que la política fiscal constituye el rostro concreto del contrato social. En la política fiscal se define qué derechos se van a proteger y qué derechos se van a postergar. En la política fiscal se hace concreto el sentido de justicia y solidaridad de cualquier sociedad: porque por medio de esta se decide quién paga impuestos, quién no y en qué proporción; a qué grupos se prioriza y cuánto se invertirá en favor de la igualdad, la paz y la cohesión social. También se define en la política fiscal qué tanto el poder público predistribuirá y redistribuirá la riqueza generada colectivamente. Incluso, en la política fiscal se define buena parte del estilo de crecimiento económico de un Estado, invirtiendo o no en la transformación productiva, en la innovación y en la educación y capacitación de los trabajadores.

Por eso es tan importante lograr una política fiscal que sea diseñada y ejecutada bajo un enfoque de derechos humanos, preocupada por la democracia y el desarrollo de las personas y el ambiente natural que la rodea, en contraposición con la política fiscal vaciada de contenido, que se fundamenta únicamente en los grandes números, esa que convierte en fines los medios: esa que se preocupa, por ejemplo, por reducir el déficit fiscal restringiendo la producción de bienes y servicios públicos sin evaluar el impacto social de esta medida. Esa política fiscal que se basa en la austeridad, en la reducción de impuestos a quienes más tienen y en la que se mercantiliza la vida cotidiana.

Los 15 principios desarrollados en el marco que estamos presentando, están organizados en cuatro esferas que nos permiten transitar desde los principios generales hasta la responsabilidad de los actores no estatales y supraestatales, pasando por las obligaciones transversales y específicas aplicables a la política fiscal.

Me gustaría distinguir tres principios que debemos poner sobre la mesa de la discusión política actual en Centroamérica.

El principio número 3, que establece que Los Estados deben asegurar que su política fiscal sea socialmente justa

Esto significa:

  1. Diseñar la política tributaria de acuerdo con los principios de equidad horizontal y vertical, legalidad, igualdad, no discriminación, generalidad, capacidad contributiva, progresividad, y otros principios generalmente incorporados en sus constituciones, en el derecho internacional y en otros marcos complementarios.
  2. Asegurar que sus políticas de gasto público sean diseñadas conforme a los principios de igualdad, legalidad, eficiencia, prioridad del gasto social
  3. Deben proteger el patrimonio público y manejarlo de acuerdo con la legislación vigente, con honradez y debida diligencia, y asegurando la calidad del gasto
  4. Gestionar su deuda pública de forma que no obstaculice el mejoramiento de las condiciones que garantizan el disfrute de los derechos humanos.

En la actualidad, la política fiscal de Centroamérica distribuye muy mal las responsabilidades tributarias. Se recauda muy pocos impuestos y esto tiene que ver con que el 10% de la población con más ingresos paga proporcionalmente menos impuestos que el resto de la población. Agrega regresividad al sistema tributario los diversos regímenes que dotan de privilegios fiscales a sectores económicos, casi siempre pujantes.

Por el lado del gasto público, el gasto social suele ser insuficiente para garantizar el bienestar y el desarrollo. De esto dan cuenta los millones de niñas, niños y adolescentes afuera de las escuelas, principalmente en los cuatro países del norte de Centroamérica, así como la pobreza en la que vive cerca de 22 millones de centroamericanos.

Algunos estudios que hemos realizado para Guatemala, nos revelan que la administración pública invierte tres veces más en una persona mestiza de lo que invierte en una persona indígena.

También sabemos que la corrupción, en los diferentes niveles de gobierno, lastiman el patrimonio público y disminuyen la capacidad de conseguir resultados de las políticas públicas.

El principio número 7.  La política fiscal debe ser transparente, participativa y sujeta a rendición de cuentas. Las personas tienen derecho a la información fiscal.

  1. Producir, publicar y dar acceso a información fiscal de calidad, la cual debe construirse de forma clara y comprensible y estar disponible para consulta de toda persona.
  2. Producir indicadores de calidad sobre el cumplimiento de sus obligaciones de derechos humanos, conforme con sus deberes de reporte ante los sistemas regionales de protección y promoción de los derechos humanos, que incluyan indicadores fiscales
  3. [participación] Asegurar que la adopción de decisiones de política fiscal esté abierta a un debate público informado por procesos de diálogo social inclusivo, amplio, transparente y deliberativo, con base en evidencia sólida y fiable de diferentes fuentes, y mediante un lenguaje accesible. La participación debe ser equitativa, plena, significativa, multisectorial , e inclusiva

En las evaluaciones sobre presupuesto abierto que hace periódicamente el International Budget Partnership, la participación ciudadana en la discusión fiscal y presupuestaria es prácticamente nula.

Hemos sido testigos de la aprobación de leyes sin ningún rigor técnico, con las que se otorgan privilegios fiscales sin mediciones de costo beneficio. Sin ninguna evaluación y, a veces, al amparo de la nocturnidad, se aprueba nueva deuda o cambios a leyes de compras o contrataciones que abren caminos a la corrupción. Incluso se aprueban leyes que dan impunidad a los corruptos.

Muchas de las reflexiones de quienes gobiernan se comparten, a puerta cerrada, únicamente con grupos empresariales y grupos de poder, sin que medie ninguna comunicación con la sociedad. Como se suele decir, el que no está en ese mesa, seguro está en el menú.

El principio número 8 que se refiere a la obligación de que los Estados adopten todas las medidas financieras y fiscales necesarias para dar efectividad a los derechos humanos, dentro de un marco fiscal sostenible.

  1. Establecer leyes y políticas, y adoptar marcos fiscales, regulaciones financieras y cambiarias, sistemas tributarios, presupuestos y políticas de gestión de la deuda adecuadas para asegurar la plena realización de los derechos humanos. Si bien pueden adoptar medidas de distinta clase, deben poder justificar por qué las que hayan tomado son apropiadas a la luz de la evidencia disponible.
  2. Asegurar que la política fiscal sea sostenible desde una perspectiva social e intergeneracional.
  3. Adoptar un marco de planificación macro-fiscal con miras a fortalecer su capacidad de cumplir con sus obligaciones en derechos humanos de la forma más expedita posible y asegurar su cumplimiento sostenido en el tiempo.
  4. Las reglas fiscales deben estar orientadas a la garantía de los derechos y no deben ser diseñadas ni aplicadas en formas que puedan menoscabarlos. 

Desde Icefi hemos calculado que los Estados centroamericanos, para cumplir la mayor parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, deben aumentar su gasto e inversión pública en promedio cerca de 4% anual, entre 2021 y 2030. Esto significa no solo dejar de lado el sistema de gobierno basado en la austeridad fiscal que significa restricciones de gasto social y de inversión, sino que tocará aumentar sostenidamente la recaudación y hacerlo de la manera más progresiva posible. Asimismo, acabar con los caminos de corrupción que deterioran el poder público, debilitan la legitimidad de la administración pública y restan efectividad en el cumplimiento de resultados y metas.

La #PolíticaFiscal cuenta y mucho en la construcción de sociedades más democráticas, cohesionadas y en paz. Esos principios deben ser conocidos por gobernantes, diputados y ministros, pero también deben ser difundidos e interiorizados por cada ciudadano.

Estamos viviendo un tiempo de agitación social en todo el mundo y, en particular, en América Latina, y es buen momento para recordar que la construcción de sociedades más democráticas y desarrolladas, solo será posible en la medida en que se garanticen, promuevan y protejan los derechos de todas y cada una de las personas, de sus comunidades y de la naturaleza. Y, para ello, la política fiscal debe convertirse en una herramienta operada bajo principios de derechos humanos. Asimismo, la política fiscal no debe ser monopolizada por los gobiernos, los partidos políticos o las elites económicas. Por el contrario, la política fiscal debe constituirse en un espacio político de participación masiva.

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