Termina el monopolio de la voz empresarial
(CIUDAD DE GUATEMALA, 3JUN21). Esta semana nació a la luz pública el Consejo Nacional Empresarial (CNE), una organización de mujeres y hombres empresarios que reconoce que el modelo de gobernanza económica de Guatemala ha fracasado. Destacan en su diagnóstico el que «la creación de empleo formal es mínima, la industrialización una tarea pendiente e incompleta y la innovación, salvo honrosas excepciones, un mundo a explorar». También exponen que Guatemala tiene una economía muy poco competitiva construida a partir de mercados de consumo subsidiados por remesas, una institucionalidad tributaria ineficiente, un disfuncional corporativismo en el origen de las políticas económicas, y una corrupción sistémica y estructural que impide una y otra vez la verdadera libre competencia. Tras este diagnóstico los empresarios aglutinados en el CNE se proponen participar, con voz y acciones, en la vida pública del país, basados en principios y no en intereses.
Esta visión empresarial, consciente de la realidad de Guatemala y dispuesta a empujar la modernización de la economía y a la participación de los empresarios en la búsqueda de soluciones integrales debe crecer y lograr aglutinar a los miles de empresarios que jamás podrán ser ni sentirse representados en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), organización anquilosada, atrapada por los intereses de algunos pocos grandes empresarios rentistas y especuladores que la utilizan para intervenir en el poder público con el fin de mantener o extender sus diversos privilegios, comerciales, financieros, políticos y tributarios. Infortunadamente, en muchas ocasiones empresarios han utilizado al Cacif para que este sea la voz, cuando no el artífice de malas decisiones que hoy tienen al país sumido en el subdesarrollo y con las bases democráticas destruidas por la corrupción, la impunidad y el malgobierno. Los hemos visto en los últimos años dando espaldarazos a Pérez, Morales y Giammattei.
Los empresarios son vitales para la democracia y el desarrollo. Se supone que su apetito de innovar para satisfacer las necesidades fomenta el desarrollo al crear condiciones para nuevos conocimientos, nuevos y mejores empleos y mayor bienestar. En una nación en la cual los empresarios y los gobernantes mantienen relaciones cordiales, no de cooptación y mayordomía, los empresarios pagan los impuestos responsablemente y en mayor cuantía que el resto de la sociedad de la cual extraen insumos, recursos, trabajo y rentas, lo que provoca un círculo social virtuoso.
Pero no toda persona que tiene un negocio, por muy grande que sea, puede ser llamada empresario. En mayo de 2017, el Papa Francisco pronunció un discurso en una fábrica en Génova, frente a empresarios y miles de trabajadores, distinguiendo entre lo que es un empresario y un especulador: «el verdadero empresario conoce a sus trabajadores, porque trabaja junto a ellos, trabaja con ellos. No olvidemos que el empresario debe ser antes que nada un trabajador. […] el especulador es una figura semejante a la que Jesús en el Evangelio llama “mercenario”, para contraponerlo al Buen Pastor. El especulador no ama a su empresa, no ama a los trabajadores, sino que ve a la empresa y los trabajadores sólo como medios para obtener provecho».
Los empresarios se preocupan por lo que sucede en su comunidad y están pendientes de las mismas cosas que inquietan al resto de los ciudadanos: la educación de los niños y adolescentes, la falta de oportunidades de trabajo, la corrupción y la impunidad. Por el contrario, los especuladores impulsan la precarización de los trabajadores y el debilitamiento del poder público, financian partidos políticos corruptos y abanderan iniciativas de ley para más privilegios fiscales.
Es valioso para la sociedad contar con el CNE pues permitirá contrastar sus visiones y propuestas frente a las del Cacif. Esto le pone fin al monopolio de la voz empresarial. De ahora en adelante, tocará analizar estas dos visiones en temas fundamentales como el salario mínimo y el nivel general de salarios, el pago de impuestos y las obligaciones estatales de garantizar derechos económicos, sociales y culturales, política económica y de atracción de inversiones, la explotación minera y de otros recursos naturales; y, en lo relacionado con el Estado de derecho, sus opiniones sobre el actuar del Ministerio Público, de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad.
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Una versión de esta columna de opinión ha sido publicada por el vespertino La Hora en su edición del jueves 3 de junio de 2021.
Imagen tomada de
Jonathan Menkos Zeissig 