Jonathan Menkos Zeissig

+ democracia + desarrollo + igualdad

Centroamérica necesita USD240 millardos para los ODS

(CIUDAD DE GUATEMALA, 29AGO21). En septiembre, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, recordarán los doscientos años de independencia de la corona española. Asimismo, este mes será el septuagésimo sexto período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el que se discutirá los avances (o no) en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Todos los Estados de Centroamérica se comprometieron a avanzar en dicha agenda, que incluye los Objetivos de Desarrollo Sostenible, acciones contundentes para frenar el cambio climático antropogénico y acuerdos para conseguir un financiamiento (doméstico e internacional, público y privado) que permita a las naciones contar con recursos suficientes para garantizar el desarrollo sostenible. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) está terminando de revisar algunos cálculos que pueden ser útiles y que publicará este mes de septiembre con el objetivo de poner sobre la discusión un camino de desarrollo sostenible para Centroamérica.

Centroamérica sí puede terminar esta década logrando que todos sus habitantes disfruten del acceso universal y con calidad a la salud, la educación y la capacitación; en la que se ha erradicado la pobreza extrema y se han construido los pilares de una sociedad más igualitaria, reduciendo brechas de bienestar y goce de derechos entre la población rural y la urbana, entre hombres y mujeres, entre pueblos indígenas y mestizos. Se puede llegar al 2030 habiendo logrado mejoras significativas, a partir de la innovación y el conocimiento, disminuyendo la huella ecológica al tiempo en que se construye una infraestructura económica y social que preserve el ambiente.

Una Centroamérica así de diferente es posible. Sin embargo, no basta con que esa visión aparezca en los discursos, es importante trasladar estas metas a los presupuestos públicos. Hagamos números de lo que se requerirá invertir entre 2022 y 2030: para erradicar la pobreza y reducir las desigualdades sociales, se necesita impulsar políticas públicas que requerirán USD82.0 millardos. Para universalizar la educación desde preprimaria hasta secundaria hacen falta USD45.0 millardos. Para universalizar la atención de la salud pública, se necesitan USD34.0 millardos. Finalmente, para poner en marcha políticas públicas que fomenten la innovación y aumenten y transformen la infraestructura económica y social, harán falta USD78.0 millardos.

Sobre el financiamiento de esta agenda, tomando en cuenta lo contenido en la resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (2015), hay varias posibilidades de movilización, destacándose dos por su volumen: el incremento de la recaudación, bajo el principio de implicación nacional, y una exención de los intereses de la deuda pública, argumentada desde la idea de la solidaridad a nivel mundial como de actores privados y, en particular, haciendo eco al objetivo global de fomentar el alivio y la reestructuración de la deuda pública. Sobre el primero, Centroamérica puede recaudar —adicional a sus ingresos tributarios actuales— en los próximos nueve años cerca de USD154.0 millardos, como resultado de la reducción de la evasión de los impuestos actuales; combate a flujos ilícitos de capital; disminución de incentivos fiscales y por reformas a impuestos que busquen mayor progresividad del sistema tributario. Estos esfuerzos tienen relación con los compromisos que los Estados han asumido a nivel internacional para diseñar y ejecutar sistemas tributarios modernizados, progresivos y más eficientes.

En cuanto a la deuda pública, los Estados centroamericanos podrían proponer en conjunto la exención del pago de intereses de la deuda pública, para destinar estos fondos al financiamiento de su agenda de desarrollo. Entre 2022 y 2030, el pago de intereses de la deuda pública sumará aproximadamente USD103.1 millardos. El pago del capital podrá continuar haciéndose en esta década, pero la exención de los intereses permitiría financiar el 40% de la agenda para el cumplimiento de los ODS en Centroamérica.

Los Estados centroamericanos podrían (deberían) poner en la agenda internacional esta discusión que propone una alternativa para que los Estados subdesarrollados avancen hacia el cumplimiento de la Agenda 2030.

 La comunidad internacional debería exigir tres requisitos a los Estados para ser beneficiarios de esta exención de intereses:

  1. Ratificar, adherirse y presentar un plan concreto para la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que logre detectar y prevenir la corrupción, juzgar y castigar a los corruptos y reforzar la transparencia y la rendición de cuentas de los Estados.
  2. Una hoja de ruta para avanzar por una senda que garantice la profundización de la democracia: lograr que las instituciones judiciales y los mecanismos de control sean independientes, imparciales y eficaces como garantía del estado de derecho;
  3. Un plan de desarrollo con indicadores de proceso y metas claras que permitan evaluar y asegurar su cumplimiento entre 2022 y 2030, en el que los presupuestos públicos y la movilización de fondos (incluidos los relacionados con la exención de intereses) se basen en resultados medibles.

Los efectos de impulsar esta agenda son múltiples más allá del obvio incremento del bienestar social y la significativa mejora de la vida de todos, en especial las niñas, niños, adolescentes y jóvenes centroamericanos: mejora en la calidad del mercado laboral y en su capacidad para generar empleo; un incremento de la actividad económica con rutas para una trasformación productiva de todos los sectores, aumentando productividad y disminuyendo su huella ecológica. Bienes y servicios públicos universales prestados con calidad y pertinencia, reparando añejas injusticias sociales, lo que legitimará a los Estados y dotará de gobernabilidad democrática, cohesión social y paz a la región.

Esta agenda es probablemente la mayor apuesta democrática que pueda hacer la sociedad centroamericana y la comunidad internacional, pues requerirá de acuerdos amplios, con cumplimiento de derechos y nuevas responsabilidades para todos. Esta agenda es también la mayor posibilidad para dejar atrás aquellos liderazgos, públicos o privados, que en la actualidad abogan por el autoritarismo, la corrupción, la impunidad y el ostracismo de la región, limitando el desarrollo y su democracia.

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Una versión de esta columna de opinión ha sido publicada en el blog de la revista El Economista, el 30 de agosto de 2021.

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