¡No a la minería en El Estor!
(CIUDAD DE GUATEMALA, 11NOV21). La minería lleva muchos años siendo la principal fuente de conflictividad social en Guatemala. A pesar de su débil participación en la producción nacional y en la generación de empleo, sus mínimos vínculos con otros sectores de la economía, su efecto destructivo sobre el ambiente natural y su casi nula tributación, los gobiernos de turno la favorecen y ponen a su servicio el poder represivo del Estado.
Entre los conflictos contemporáneos en los que se documenta una abusiva violencia estatal y paraestatal están La Puya, en la que vecinos de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc se opusieron a la mina de oro El Tambor; las comunidades de San Juan Sacatepéquez contra la instalación de la fábrica de Cementos Progreso; habitantes de San Rafael Las Flores contra la mina de plata El Escobal, y la población de San Miguel Ixtahuacán oponiéndose a la mina Marlin en la que se explotaba oro y plata. En estos días el turno de ser reprimidos ha sido para los pobladores de El Estor, especialmente para las personas y familias que lideran la defensa del Lago de Izabal y de los cerros que está licuando la Compañía Guatemalteca de Níquel —subsidiaria de la suiza Solway Investment Group— para supuestamente extraer níquel, desacatando impunemente, por cierto, la orden de la Corte de Constitucionalidad que suspendió de forma definitiva la licencia de explotación de este proyecto minero.
Las notas de prensa de medios nacionales independientes y agencias internacionales de noticias permiten evidenciar patrones de represión que van desde la construcción de noticias falsas, incluso por parte del propio ministerio de Gobernación, para justificar el estado de sitio impuesto por el gobierno y avalado por la mayoría oficialista en el Congreso que da cabida a la militarización del territorio, la pérdida de garantías constitucionales de la población y de los medios de comunicación locales, la criminalización de la protesta y de los defensores del territorio y la prostitución del sistema de justicia en la construcción de casos espurios con los líderes sociales. Lamentablemente, las empresas mineras, con sus codiciosos socios nacionales e internacionales, junto a los gobiernos de turno, han desarrollado ese algoritmo para poner en práctica un castigo ejemplar para quienes levanten la voz, que va desde la humillación, la amenaza física y el encarcelamiento hasta la muerte.
Este pasado octubre, mientras el gobierno de Giammattei enviaba equipo y personal militar y policial a amedrentar a la población y a custodiar a los camiones de transporte del material de la empresa minera suiza, ¿sabe usted cuánto recibió el Estado por pagos directos de todos los contribuyentes que hacen la explotación minera en el territorio nacional? Según datos de la Superintendencia de Administración Tributaria, fueron apenas Q13.4 millones. Ese monto debe estar muy por debajo de lo que el Estado gastó en la represión de El Estor, es inferior a los costos ambientales (cuantificables) de la explotación minera en el territorio y, con toda seguridad, está por debajo de las coimas y prebendas que los presidentes —Berger, Arzú, Pérez, Morales y Giammattei— y sus camarillas pro rentistas probablemente han recibido por el mayordomazgo de este sector.
Las comunidades indígenas, como las de El Estor, dueñas de las tierras que habitan desde antes que llegara la cruz, la espada y el capital, están preocupadas por el deterioro ambiental irreversible que provoca la minería y por la pérdida de sus fuentes de trabajo y alimentación. Entienden, con sobradas evidencias, que algunas instituciones públicas son ilegítimas para mediar estos conflictos, pero aun así han seguido procesos ante la Corte de Constitucionalidad que les ha garantizado el respeto a su derecho de ser consultados de manera previa, libre e informada. Un Estado en el que no se respeta la ley cuando esta le da la razón al más débil, no es un Estado es una finca. Las protestas y el descontento de los vecinos de El Estor están más que justificadas ante tantos atropellos. Hoy, jueves 11 de noviembre, una diputada de oposición constató que, en El Estor, continúan destacados en el lugar 700 efectivos del Ejército de Guatemala (de la minera) y 518 elementos de la Policía Nacional Civil.
Los pueblos indígenas tienen derecho a decidir sobre la utilización de los recursos naturales de su entorno, y a participar en la concepción del desarrollo y las formas de alcanzarlo, sobre la base de sus tradiciones, creencias y experiencias. Además, han sido contundentes al expresar: ¡No a la minería en El Estor! ¡No a la minería en Guatemala!
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Una versión de esta columna de opinión ha sido publicada por el vespertino La Hora en su edición del jueves 11 de noviembre de 2021.
Imagen tomada de la nota de Prensa Comunitaria titulada El estado de sitio en El Estor es innecesario; “se limitó el derecho a la consulta”, dice el PDH
Jonathan Menkos Zeissig 