En los últimos meses ha surgido, en el Congreso de la República, una nueva oleada de iniciativas de ley que pretenden aumentar los privilegios fiscales a ciertos grupos, reduciendo con ello las posibilidades de recaudación tributaria del Estado guatemalteco. Como respuesta a esa esperable caída de ingresos tributarios, algunos de los privilegiados con estas medidas, han comenzado a proponer el aumento del Impuesto al valor agregado (IVA).
Los privilegios fiscales constituyen además de un sacrificio de impuestos, la expresión más concreta de que en un país no todos somos iguales. Aún cuando estos privilegios se revistan con listados de buenas intenciones y acciones inspiradoras, quienes abogan por las exoneraciones, exenciones y deducciones de impuestos están poniendo por encima del interés colectivo, sus intereses particulares. Por ejemplo, la iniciativa número 4644 “Ley de promoción de inversiones y empleo”, impulsada por la Comisión presidencial para la competitividad y la inversión, el Ministerio de Economía y la asociación privada Agexport, reducirá la recaudación en Q1,300 millones, solamente el primer año de vigencia. Esta iniciativa, que aprovecharán también empresas pujantes económicamente, contiene privilegios fiscales hasta por 65 años.
Por otra parte, la iniciativa número 4538 “Ley de creación de fundaciones para el fomento, financiación y seguimiento del deporte de alto rendimiento”, impulsada por los diputados Gudy Rivera, Emmanuel Seidner y otros, permitirá a fundaciones privadas el no pago de impuestos y arbitrios. Las personas que sean fundadores o contribuyentes de estas fundaciones podrán acreditar sus aportes como pago del Impuesto sobre la renta (ISR), hasta por 10 años, sumando un máximo de Q50 millones. La ley no contiene mayores controles, por lo que esta será una nueva ventana para que grandes contribuyentes eludan el pago de impuestos.
Todo parece indicar que si estas iniciativas se aprueban los platos rotos de la imprudencia tributaria, los pagarán los ciudadanos, ya sea mediante el recorte del presupuesto para salud, educación, seguridad o justicia, o por medio del aumento del IVA. La segunda opción es la que ya divulgan los voceros de los privilegios.
Pero, ¿está usted de acuerdo? El IVA, contrario al ISR, es un impuesto que no distingue los ingresos ni los recursos con los que cuenta el contribuyente, por lo que pesa más en los bolsillos de quienes tienen menos. Este impuesto ya representa la mitad de la recaudación total y su incremento provocaría un alza en los precios, aumentando el hambre y la ingobernabilidad social.
Qué toca entonces, ¿aumentar el IVA o eliminar los privilegios fiscales? Tal y como sucedió con la coloquialmente llamada “Ley Monsanto”, los ciudadanos, si apuestan por la vida en democracia y por el desarrollo, deben poner un hasta aquí a los abusivos privilegios fiscales. #NOalosprivilegiosfiscales.
Columna publicada en Publinews en su edición del 10SEP2014.