GUATEMALA: la política económica en un barco de piratas
En Guatemala, la política económica no es la carta de navegación para el desarrollo sostenible. Por el contrario, el norte a seguir, parece estar definido por piratas que intentan imponer, por el uso de su poder económico y mediático, una agenda globalmente empobrecedora y, políticamente, riesgosa para la democracia. Dentro de esta política económica que se desea imponer, contra viento y marea, sobresalen la minería, los privilegios fiscales y la reducción del salario.
Sobre la minería, hemos visto columnas de opinión, campos pagados, eventos y espacios públicos destinados a engrandecer las bondades de esta actividad económica que, en el país, representa menos del 3% de toda la producción nacional; mientras la carga fiscal del sector ronda el 5.7%, muy lejos de la ya baja carga fiscal nacional de 10.9%. Asimismo, la minería encarna el sector económico que genera una mayor conflictividad social (75% del total de conflictos en el país, en 2010). ¿Qué poderes paralelos y qué intereses privados hay detrás de esta actividad, que ministerios completos, diplomáticos y funcionarios actúan apasionadamente en su defensa?
Por su parte, la búsqueda de más privilegios fiscales ha llevado a su oferentes a armar campañas, públicas y privadas, en las que se ponen nombres idílicos a las iniciativas de ley que los contienen y se montan discursos en los que el empleo parece ser el motivo principal que los empuja. Sin embargo, al analizar el contenido de estas iniciativas, todas van tras 55 o 65 años más de privilegios fiscales para algunas empresas, a los que se sumarían 25 años ya gozados sin que hayan estudios que informen a la ciudadanía sobre el logro de los objetivos propuestos con su existencia.
Finalmente, sobre la reducción de salarios, esta ha sido por tres vías: por la baja indexación ante el aumento de los precios (reducción del salario real), por la carente supervisión laboral y, ahora, gracias al intento de diferenciar el salario mínimo en algunos municipios, para reducirlo a Q1,200 mensuales. Para algunos, el argumento de salarios más bajos se justifica en la atracción de más inversión, al igual que los privilegios fiscales. Para otros, diferenciar salarios es mejor que no tener nada. Muchos de los trabajadores son empleados de manera informal, con poco acceso a la seguridad social y a la tecnología. El salario promedio ronda a penas los Q2,083 (2014), es decir, por debajo del salario mínimo vigente y menos del 40% del costo de la canasta básica vital para un hogar promedio (Q5,496.9). Por su parte, el salario diferenciado representa la quinta parte de esta canasta y aproximadamente el 0.008% del salario del presidente Pérez.
Una política económica diseñada para llegar a buen puerto debe eliminar los tres vicios anteriores. Por un lado, se debe respetar el derecho a que las comunidades decidan sobre sus territorios. Asimismo, la práctica nos dice que la buena inversión privada, la que aumenta la producción y genera lazos con otros sectores económicos, se atrae mejorando la educación y la salud de los ciudadanos, mientras se lucha contra la corrupción y se mejora la seguridad y la infraestructura pública. Finalmente, solo la mejora en los ingresos de los trabajadores puede aumentar el bienestar de los hogares, aumentar la base tributaria y hacer más dinámico el mercado interno.
La política económica debe ser una apuesta por la democracia y el crecimiento económico, así es que toca apartarla de los rancios intereses gremiales y corporativos que la prostituyen en la actualidad.
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Columna publicada en la revista Contrapoder
Jonathan Menkos Zeissig 