Nos han robado lo suficiente
Los pocos pasos en la vida democrática del país han permitido a la ciudadanía acercarse más a la realidad de una administración pública que ha sido prostituida para el negocio de unos cuantos que continúan perpetuando las añejas prácticas de la era militar.
Estos casi treinta años de democracia han sido testigos de privatizaciones opacas, concesiones de negocios nocivas para el Estado, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, contrabando y defraudación aduanera de personas cercanas a los gobiernos, sobrevaloraciones en adquisiciones públicas, y una larga lista de etcéteras. Los socios de esta trama de corrupción han sido y son políticos, gobernantes, funcionarios y empleados públicos, militares, académicos, sindicalistas y empresarios.
Sin embargo, la reacción social que ha suscitado el inicio del desmantelamiento de una estructura criminal dedicada a la defraudación aduanera que operaba dentro de la Superintendencia de Administración Tributaria, ha tomado mucha relevancia, tanta como para pensar que estamos frente a un cambio de época, dando un paso más a favor de la democracia.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), junto al Ministerio Público, han permitido reconocer con lujo de detalles cómo opera el crimen organizado, penetrando en las instituciones públicas a través de los recursos humanos, disminuyendo la transparencia y la rendición de cuentas y haciendo arbitraria la gestión interna. Estos grupos paralelos funcionan sin inhibiciones, aprovechando la impunidad que les da el ser parte de una élite que, hasta ahora, ha controlado los hilos de la fuerza, de la (in)justicia y del dinero.
Ha sido alentador observar que la gran mayoría de los ciudadanos está convencida de que ya nos han robado lo suficiente, lo suficiente como para perder el miedo y salir a las calles para exigir cambios radicales. Y esto se puede ver en una ciudadanía que protesta cotidianamente, pero también en la preocupación sobre lo que tenemos que hacer para acabar con la prostitución continuada de la administración pública.
Ahora los ciudadanos tenemos que unirnos para hacer una revolución en contra de la corrupción. Debemos comenzar a tratar diferente al honrado del corrupto; debemos exigir más transparencia a todas las figuras públicas, iglesias, sindicatos y empresas, universidades, entre otros. Finalmente, debemos rescatar todas las instituciones del Estado, iniciando por aquellas que manejan la mayor parte de los fondos públicos.
Una agenda de mínimos para que esta oportunidad no se pierda debe contener por lo menos cinco puntos. Primero, hacer una investigación exhaustiva sobre la gestión de los fondos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en el Crédito Hipotecario Nacional, en el Banco de los Trabajadores y en Banrural, así como Consejos de Desarrollo y municipalidades. Segundo, plantear socialmente una hoja de ruta para el rescate de la SAT y vedar cualquier ley que intente imponer más privilegios fiscales. Tercero, eliminar el secreto bancario con fines de investigaciones fiscales y anticorrupción, para dar con los contribuyentes (empresarios y personas individuales) que han estado actuando como polizones en esta sociedad. Cuarto, aprobar una reforma a la Ley electoral y de partidos políticos para delimitar su financiamiento privado. Quinto, como ciudadanos, exigir a los medios de comunicación y a los partidos políticos, no darle ni un segundo, ni una letra de espacio a ningún corrupto. Cambiemos de medio y cambiemos de partido, cuando estos abran sus puertas a los sinvergüenzas. Es el tiempo para estar en la protesta y en la propuesta. #NoMásCorrupción. #GT16M1500AlaPlaza.
Una versión de esta columna de opinión fue publicada en la revista Contrapoder, en su edición del viernes 15 de mayo.
Jonathan Menkos Zeissig 