Nuevos compromisos para los millonarios centroamericanos
(CIUDAD DE GUATEMALA, junio 2020). Sabemos que en Centroamérica el 20.0% más rico de la población concentra más de la mitad del ingreso nacional (52.6%), mientras el 20.0% más pobre se queda con el 4.3%, y cada cierto tiempo nos enteramos cómo van acrecentándose las fortunas de los millonarios centroamericanos cuyas empresas lideran sectores de telecomunicaciones, desarrollo inmobiliario, industria, finanzas, comercio y alimentación y bebidas.
No se debe menospreciar el espíritu emprendedor de estos empresarios, pero debe advertirse que en muchos casos, durante generaciones, la política fiscal les ha ayudado a recorrer el camino ya sea mediante la creación de barreras arancelarias para evitar competidores externos, regímenes especiales para la exoneración de impuestos a la importación de maquinaria y materia prima y sobre las utilidades, la ejecución de gasto e inversión pública para beneficiar sus negocios, e incluso, en ocasiones, el dinero público ha servido para pagar la quiebra de negocios privados mal manejados. En los casos más críticos, la política fiscal centroamericana ha sido permisiva para la creación de arquitecturas financieras tan útiles para la evasión y elusión de impuestos de las grandes fortunas como para el lavado de dinero y la corrupción.
Los efectos de una política fiscal acostumbrada a ser diligente con los que más tienen es que disminuye la moral tributaria de la mayoría que termina presionando para que la carga impositiva también sea reducida en su favor, haciendo que esta política ―que es el rostro concreto del contrato social― deje de ser efectiva para equilibrar derechos con responsabilidades en la construcción de una senda democrática y de desarrollo sostenible. Las cargas tributarias de Centroamérica, plagadas de privilegios fiscales y gestionadas por administraciones tributarias poco efectivas, en promedio ni siquiera superan el 14.0% del PIB, mantienen una tendencia a la baja y descansan sobre estructuras regresivas, en donde quien tiene más paga menos que el resto de la sociedad.
Con estas administraciones públicas desnutridas, es imposible garantizar los bienes y servicios que deben sustentar el bienestar económico y social, la seguridad, la identidad colectiva y la legitimidad al Estado, provocando aumentos en la desigualdad y un cada vez mayor desapego de los ciudadanos al sistema democrático. En el 2000, siete de cada diez centroamericanos creía que la democracia era la mejor forma de gobierno. En 2016, solo cinco de cada diez opinaba lo mismo.
La pandemia actual exacerba los problemas estructurales de Centroamérica. Para que la región salga librada de esta sin aumentos de pobreza y desigualdad y sin nuevas dictaduras, se deberá reequilibrar las responsabilidades particulares y conseguir acuerdos políticos amplios que marquen nuevas reglas para el poder público y privado. Es urgente universalizar un piso de protección social que incluya un ingreso básico garantizado; avanzar hacia un estilo de crecimiento económico basado en la innovación, la sostenibilidad ambiental y el conocimiento, y construir administraciones públicas que trabajen transparentemente, para la democracia y en función de resultados sociales, lo que obliga a fortalecer la política fiscal.
Los millonarios centroamericanos deben comprometer todas sus capacidades en empujar una Centroamérica más desarrollada, lo que requerirá que asuman nuevos compromisos tributarios, una materia que tienen pendiente frente a la sociedad. El incremento de sus cargas tributarias deberá ir acompañado de mejoras generales al sistema tributario centroamericano para evitar la evasión y elusión de impuestos, el contrabando y la abusiva sobreutilización de privilegios fiscales para beneficiar a sector económicos particulares. A partir de ahora, el liderazgo y la legitimidad de los grandes empresarios centroamericanos serán medidos no por sus niveles de riqueza sino por las acciones que estos tomen para evitar la catástrofe política, económica y social de Centroamérica.
Pero los ciudadanos en general y en particular, los movimientos sociales (sindicatos, cooperativas, empresarios de pequeños y medianos negocios y población trabajadora depauperada) y los partidos políticos con sentido común y democrático, deben hacer converger una agenda de desarrollo que permita una salida humana y democrática de la crisis y plantear las necesidades de más y mejor gasto e inversión pública y de una mayor recaudación de impuestos que recaiga sobre las grandes fortunas.
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Una versión de esta columna de opinión ha sido publicada por la revista Forbes Centroamérica, en su edición número 70 (Jun/Jul 2020).
Imagen tomada de Compromisoempresarial.com.
Jonathan Menkos Zeissig 
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